Como os contaba en mi anterior
entrada, en el Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía se
prevé la creación de una Agencia de Transparencia y PROTECCIÓN DE DATOS DE
ANDALUCÍA.
Por primera vez se crearía en
esta Comunidad una autoridad independiente de control en materia de protección
de datos y transparencia, como se establece en el artículo 41 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.
Muchos son los cambios que se
están produciendo en esta materia, y que comenzó con la desaparición a
principios de año de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid.
Ahora, se proyecta la creación de
una Agencia Andaluza de Protección de Datos.
Y por si fuera poco, ya ha
empezado a anunciarse la desaparición de las agencias de protección de datos de
Cataluña y País Vasco, como se extrae de los informes publicados por la
Comisión CORA, sobre propuestas de reforma de las Administraciones públicas.
En definitiva, se entiende que
las funciones de dichas agencias pueden ser perfectamente asumidas por la
Agencia Española de Protección de Datos.
Todo apunta, en mi opinión, a que
estos recortes, cambios y supresiones van a dar lugar a un empeoramiento del
funcionamiento de los organismos supervivientes.
De hecho, en los últimos tiempos
se ha empezado a cuestionar el correcto funcionamiento de la Agencia Española
de Protección de Datos, por retrasos significativos a la hora de resolver y por
elevados porcentajes de revocación de sus resoluciones por parte de los
tribunales.
La verdad, tampoco son cosas que
deberían extrañarnos: si los cubatas de la cafetería del Congreso están en torno
a los tres euros y medio, a saber a cómo estarán de baratitos en el bar de la
AEPD…
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